Menos mal que alguno piensa antes de hablar.

No es lo mismo, no. Mientras Rubalcaba y su equipo de pregoneros vocea la eliminación de las diputaciones, ahora que el PSOE sólo controla una quinta parte de ellas (que todo hay que decirlo), Alberto Ruiz-Gallardón se declara partidario de reformarlas para que sean sólo estructuras administrativas de gestión sin componentes políticos y bajo la supervisión de los ayuntamientos. En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Madrid ha manifestado que no se trata de suprimir las instituciones provinciales, pero sí su componente político, conformándolas como estructuras administrativas de gestión que no generen una duplicidad de cargos públicos. Pensando en voz alta, ha explicado que la desaparición de las diputaciones no perjudicaría a las grandes ciudades pero sí a los pequeños municipios de España, que no tienen capacidad para gestionar muchos de los servicios públicos municipales.
Insisto, no es lo mismo. Una cosa es promover su destrucción y otra bien distinta abogar porque las diputaciones desarrollen sin mangoneos las funciones administrativas y de gestión que justifican sobradamente su existencia. Son 15 millones de personas, que no es coña, las que dependen y mucho de las mismas.
¿Qué son caras? Y tanto. Los políticos y todo lo que llevan adherido a la chepa son los que hacen que las diputaciones conlleven un coste tan elevado. Entonces, la solución es fácil. Borras de su presupuesto los euros que levantan los cargos públicos y sus asesores (el lastre inútil, ignominioso y ultrajante impuesto por la casta política), y dejas que los funcionarios trabajen con libertad y sin presiones en aquello para lo que están cualificados. Convendría tener presente que mientras unos salen de las urnas e invaden el poder durante cuatro años, salvo patada en el trasero y/o rendición, los empleados públicos han tenido que estudiar y ganar una oposición, cosa que cualquiera podrá entender que labor sencilla no es. Muchos son los que, título universitario bajo el brazo, no superan ni el primer examen. Esto es así.
Por tanto, y dentro de la dinámica política de cargarse las diputaciones, una voz coherente ha hablado con mucha claridad. No sobra la institución, sobra el inquilino que la usurpa. Lo que le ha faltado decir al señor Gallardón (¿un olvido lo tiene cualquiera?) es que lo mismo es aplicable y debe ser aplicado al Senado, algunos ministerios de muy dudosa utilidad, a las Comunidades Autónomas (ríanse del Big Bang) y la inmensa mayoría, sino todos, los ayuntamientos.
Así que, si me lo permiten, y si no también, qué no es necesaria el beneplácito para expresarse con libertad, una pregunta a los señores Rubalcaba, Blanco, Jaúregui y la Santa Compaña socialista; ¿por qué no piensan un poco antes de lanzarse en picado? Será que de donde no hay, no se puede sacar. Será.

No sobra la institución, sobra el político.

José Blanco, en una entrevista a RNE, se ha mostrado de acuerdo con su” buana” Rubalcaba, y se ha subido al carro de la desaparición de las diputaciones provinciales. Para el sabio Pepinho eliminar las mismas supondría suprimir miles de asesores, de cargos públicos, cientos de coches oficiales, además de ahorrar y tener más recursos para ser destinados a mejorar los servicios. Vamos, desabastecer a 15 millones de personas para seguir malgastando los dineros.
Este hombre no se entera, debe ser sueco. Cargos públicos no se ahorra ni uno, pues los diputados provinciales son concejales y alcaldes, ya con su sueldo y demás zarandajas. Ahora bien, mira qué fácil; se les prohíbe cobrar de los dos lados y arreglado, que elijan uno, que ya les vale. En cuanto a los asesores, el cáncer económico del país, y los coches oficiales, pues ni más ni menos que los que tienen en los ministerios, las autonomías (aquí está el problema, aquí), y muchos, sino todos los ayuntamientos. Este despilfarro existe porque políticos avispados se inventaron una manera legal de devolver favores y colocar a los colegas, ni más ni menos.
El problema de las administraciones públicas no está en las instituciones en sí, sino en aquéllos que las invaden durante cuatro años, que creen que todo el campo es suyo, y que en él y con él hacen lo que les da la gana. El legislador permite y promueve la existencia de tantos cargos inútiles y les otorga poder y prebendas. De igual forma, también podemos añadir al mérito del legislador la figura del asesor, un personaje, hijo del nepotismo, contratado para realizar una función para la que ya hay en las instituciones funcionarios sobradamente cualificados.
¿Quién es el responsable, entonces? Aquél que legisla en beneficio propio, aquél que recompensa con lo ajeno favores y amistades, aquél que abusa de la posición entregada por el pueblo soberanos en las urnas, aquél que una vez alcanzado su espurio objetivo, traiciona y olvida, aquél que se enquista en la comodidad y abundancia del poder. No se trata, pues, de suprimir instituciones, sino de que el que las controle lo haga con dignidad y honradez. ¿Cómo? Limpiándolas de parásitos, eliminando gastos y cargos innecesarios y fulminando tanto, tantísimo vividor que pulula alrededor del político de turno. No sobran los trabajadores, sobran los inquilinos, los malos gestores, los torpes gobernantes y los corruptos y espabilados que nacen, se reproducen y no hay forma de quitarse de encima.
El español vota y elige a sus representantes con libertad. Todo lo demás, sueldo desorbitados, jubilaciones ultrajantes, coches oficiales, fiestas, visas y viajes, se lo ponen los políticos porque sí, porque les apetece. Y, que yo sepa, lo de colocar a los colegas como asesores no lo decidimos nosotros tampoco, es cosa también del negocio que se han montado.
José Blanco dice que hay un nivel de la administración que se puede suprimir, y yo le contesto que sí, que se trata del Senado. Y, ya puestos, si quiere seguir con la limpia, continúe con determinados ministerios, y siga con una reestructuración profunda de las comunidades autónomas. Todo ello previo exterminio de sus amigos asesores. Ergo, límpiense primero las manos y la cara, dignifiquen un poco la Política y pónganse a trabajar, que para eso cobran, legislen con sentido común y dejen que los empleados de las administraciones públicas desempeñen como saben su labor. Insisto, el problema no es la institución, es el okupa temporal, es el miembro de la casta política. El que más habla es el que tiene que callar.

Rubalcaba se carga las diputaciones.

El candidato del PSOE a las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuesta por replantear el papel de las diputaciones provinciales porque, a su juicio, tal y como están configuradas son una cuarta administración que sobra. Desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde ofrece una conferencia sobre "Universidad y empleo" (suena a chiste), Rubalcaba ha opinado que se debe revisar profundamente el papel de estas instituciones, sentencia con que reordenar la Administración Pública siempre es una cosa buena y nos recuerda, como si no supiéramos bien lo que nos cuestan todos y cada una de ellos, que en España hay cuatro niveles administrativos: el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Y es aquí donde muestra su cobardía y, de las cuatro, carga contra las diputaciones pues, según el Mesías socialista, forman parte de una estructura del siglo XIX que habría que replantearse.
¿Por qué cobardía? Fácil. En primer lugar no se atreve a arremeter contra las autonomías, auténtico agujero negro de la economía española. Este aprendiz de estadista, si de verdad quiere un reordenamiento de la Administración Pública, tendría que empezar por el bastardo café para todos, un invento político que de mal nacido se ha convertido en un cáncer terminal. Pero lo sencillo es recurrir a lo populista, a algo que pueda contentar a todos los que piensan, y pensamos, que hay demasiadas administraciones. Porque, claro, no puede decir que las comunidades autónomas no son más que un chollo para la casta política y sus colegas, que los compañeros se le tirarían encima como fieras. Ni tampoco sería bueno para el negocio calentar ánimos nacionalistas.
En segundo lugar, no tiene arrestos para proponer la supresión del Senado, un inútil cementerio de elefantes, escondite y/o retiro de políticos venidos a menos, y la eliminación de algunos ministerios, por ineficaces y absurdos, pues ello supondría el destete precoz y repentino de muchos de sus amigos. De igual modo, tampoco nombra como imprescindible, que lo es, la desaparición inmediata de la figura y funciones del asesor, el vividor por excelencia del sistema. Por no hablar de las direcciones generales, secretarías, subsecretarías y el interminable etcétera de cargos públicos sin sentido ni contenido pero con un sueldo de mil pares.
En tercer lugar, ni sabe cómo ni puede controlar el desmadre económico de los grandes ayuntamientos, entidades que se han escapado de los dominios de la razón, convirtiéndose en dilapidadoras y voluptuosas meretrices, esclavas de la especulación y el nepotismo. Y de los pequeños, poco que decir. No suelen tener fondos, y si los hay, vuelan casi siempre de forma “caprichosa”.
Y en cuarto lugar, como sumar es una cosa que sí hace bien, sobre todo a fin de mes, ha pensado don Alfredo que si mete mano a Estado, autonomías y ayuntamientos hay más votantes que perder que fulminando las diputaciones.
Pues bueno, muchos de los que lean estas líneas que vivan en localidades pequeñas, o no, que no es condicionante, conocen el papel que desempeñan las diputaciones. Sus ayuntamientos no tienen ni para el gasto corriente, bien por la escasez de recursos o bien por la mala gestión de los mismos. Las respectivas autonomías se encuentran lejos, muy lejos, y sólo se preocupan de las grandes urbes, invierten lo ajeno en ellas y dejan perecer vastas zonas, apareciendo con el carro del dinero falso y de las promesas imposibles sólo cuando las elecciones se aproximan. Y del Estado, como administración, ni aparece ni se le espera.
Sin embargo, las diputaciones están siempre presentes en estos pueblos, gestionan los fondos invirtiendo en carreteras, infraestructuras, mejoras sociales, fomento del deporte y la cultura, centros para la tercera edad y la juventud, polideportivos, bibliotecas, asistencia social y una larga lista de realidades palpables, llegando a asumir incluso competencias de otras administraciones en materias como la sanidad y educación. Las diputaciones gestionan con corrección mientras Estado, autonomías y ayuntamientos se arrancan por peteneras y se funden lo que no les pertenece. Éstas son verdades tangibles y no mentiras de embaucadores de pacotilla..
Insisto, Rubalcaba es un cobarde que ha enseñado la vertiente carroñera de su personalidad; el pueblo quiere sangre, le promete sangre, circo que no falte. Arroja a las diputaciones a los leones y mantiene intactas al resto de instituciones, inútiles y/o corrompidas. Se cepilla lo único que ha demostrado su funcionamiento durante muchos años y se queda, pues el pastel es más grande, con el parto autonómico y la sangría que arrastra. Al candidato Pérez le importan un carajo la desaparición y muerte de aldeas, pueblos y comarcas, su calculadora electoral le dice que la pérdida en votos es asumible. Entrega las diputaciones a las autonomías y que éstas desarrollen las funciones.
Y yo, pobre diablo, le digo que no sea tan burro. ¿Cómo van a adoptar nuevas competencias administraciones que no pueden con las que ya tienen? Mire, déjese de demagogia barata y plantéelo al revés, que sean las diputaciones las que absorban el control provincial. Vería usted como al poco las cosas funcionarían mejor. Y en ese mientras tanto, a trabajar un poco y elaborar un modelo autonómico regenerado y vital, no la payasada actual. ¡Ah! Que eso resta votos y dificulta los acuerdos de gobierno. Esto es lo que hay. Prostitución política.