El Tribunal Constitucional y las Diputaciones

Hagamos un poco de memoria. Hace 31 años la Ley de Cataluña 6/1980 de 17 de diciembre reguló la transferencia urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalidad. Entonces, desde el Gobierno se promovió un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional con fecha 30 de marzo de 1981 y que se admitió a trámite con fecha 2 de abril de 1981.
En el escrito se argumentaba la infracción de una serie de preceptos relacionados con la pretensión de suprimir las Diputaciones Provinciales y la correspondiente creación de Consejos Territoriales, en concreto los artículos 148.1.2 y 149.1.18 de la Constitución española, y 9.8 y disposición transitoria segunda del propio Estatuto catalán.
Además, en el recurso se exponía por un lado que la Ley 6/1980 vulneraba los arts. 137, 141 y 142 de la C. E., que configuran la autonomía de la provincia como ente local, y que además dicha ley era contraria al procedimiento de traspaso de servicios por tratarse de un procedimiento distinto del expeditivo que se consagra en la Ley, pasando por un proceso previo conforme al art. 147.1 d) de la Constitución.
Con fecha 2 de julio de 1981 el Pleno del Tribunal acordó tener por formuladas las alegaciones dentro del plazo concedido y empezó a trabajar. Desestimadas las presentadas por la Generalidad, declaró que la pretendida abolición de las provincias y de las Diputaciones Provinciales implicaría una infracción pura y simple de lo dispuesto en los arts. 137, 141 y 142 de la Constitución y en el art. 5.4 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Dictaminó en su sentencia que el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales. Por definición, en consecuencia, la garantía institucional asegura la preservación de una institución en términos reconocibles sin que se le pueda privar de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre.
Para el Tribunal Constitucional, los arts. 137 y 141 de nuestra Constitución contienen una inequívoca garantía de la autonomía provincial, pues la provincia no es sólo circunscripción electoral (arts. 68.2 y 69.2), entidad titular de la iniciativa para la constitución de Comunidades Autónomas (art. 143.1) o división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (art. 141.1), sino también, y muy precisamente, «entidad local» (art. 141.1) que goza de autonomía para la gestión de sus intereses (art. 137).
Dado que la Constitución prefigura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel (Estado, CC AA, provincias y municipios), hay que efectuar una redistribución de competencias en función del respectivo interés entre las diversas entidades, para que el modelo de Estado configurado por la Constitución tenga efectividad práctica.
El texto constitucional contempla también la posibilidad (art. 141.3) de crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia que podrán asumir el desempeño de funciones que antes correspondían a los propios municipios o actuar como divisiones territoriales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio descentralizado de las potestades propias de ésta. Al Estado corresponde establecer la legislación básica o principal sobre su régimen jurídico y a Comunidad Autónoma el desarrollo particularizado que no debe ser nunca derogatorio o modificador de la legislación estatal sobre la materia .Estos procesos de cambio que la propia Constitución impone o posibilita y que manifiestamente han de conducir a una estructura diferenciada no pueden llevar, sin embargo, a menos que la Constitución sea modificada, a una desaparición de la provincia como entidad dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses. Además, el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias hoy existentes, pero no eliminarlas por entero. .
En virtud de la Ley 6/1980 la Generalidad asumía la totalidad de las competencias otorgadas por el ordenamiento vigente a las Diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, incluidas las competencias financieras y se habilitaba al Consejo Ejecutivo para ordenar la transferencia de los correspondientes servicios a la Administración de la Generalidad. Para el T.C parecía evidente que esta asunción por la Generalidad de la totalidad de las competencias atribuidas a las Diputaciones sin dotar a los órganos llamados a sustituirlas de tales competencias u otras similares, implicaba la desaparición de las cuatro provincias como entidades locales dotadas de autonomía para la gestión de sus propios intereses ( la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, decidió estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 6/1980 de 17 de diciembre de la Generalidad de Cataluña por la que se regulaba la transferencia urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalidad de Cataluña, y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos 1, 2, 3, 5, 9, Disposición transitoria primera y Disposición final segunda de la citada Ley, mediante la sentencia del Tribunal constitucional 31/1981 de 28 de julio.
En resumen, por lo poco que uno sabe y entiende, la supresión de las diputaciones y la consiguiente transferencia de competencias a las CC AA es, a día de hoy, y sin género de dudas, inconstitucional. Lo digo, más que nada, para que aquéllos que pretenden usar esta peregrina idea como argumento electoral, se lo curren un poco más, que ya se dijo que no, que para ello hay primero que modificar sustancialmente la Constitución Española. Claro está que, si se ponen de acuerdo todos, se podría hacer en un par de días una reforma relámpago, como la del techo de gasto. Pero me parece que, de momento, es mera demagogia y populismo. Para ser y existir hay que pensar. Y para lanzarse en picado es recomendable un paracaídas.
Insisto. No sobran las instituciones, sobran los que las invaden. Éste es el tema, y lo demás sólo ruido y traca.

¿Consejos de alcaldes? ¿Mande lo qué?

Ay, ay, ay, que me da a mí que el Mesías Rubalcaba se está haciendo un lío guapo con esto de cargarse las Diputaciones. Ahora, en vez de la estructura actual, el candidato socialista propone que consejos de alcaldes las sustituyan. Eso sí, configurados sin una estructura política (no entiendo esto, ¿no son políticos los alcaldes?), y sin duplicidades (esto tampoco, ¿dejarán de ser alcaldes?), suprimiendo los diputados existentes, y pasando las competencias a las Comunidades Autónomas. Vamos, que propone dar más faena a unas administraciones que se están pensando, y mucho, en devolver parte de la que tienen al Gran Hermano, al Estado.
"Buscamos simplicidad, evitar duplicidades y ahorro en gasto público", ha explicado don Alfredo, para proseguir con que todas las competencias que ahora tienen las diputaciones, tienen que volver a las Comunidades Autónomas, porque ya ejercen esas mismas competencias (aquí muestra un muy peligroso desconocimiento sobre el asunto). Es que no hay por dónde coger este engendro.
En confianza, señor Rubalcaba. Si es muy fácil, hombre, si ya le ha dicho Gallardón horas antes, que hay que dejar la institución tal y como está a nivel funcional y administrativo, que lo que sobran son los políticos y sus colegas. Pero no, erre que erre, una vez en faena, mejor pasar de suprimir las diputaciones a inventarse un que sí, pero que no, que no lo tengo claro pero que, como ya me he metido en el barco, a ver cómo salgo sin cagarla mucho, joder que follón, que no sé por dónde escaparme, que queda muy bien eso de decir que elimino cargos públicos pero dejo en la calle y sin empleo a unos miles de empleados, pero no pasa nada, de todas formas tampoco me iban a votar, así que, mientras a mí no se me termine el chollo, pues eso, un consejo de alcaldes, que suena nuevo y distinto, aunque es lo mismo que ahora, pero con otro nombre, que no se den cuenta, a ver si cuela, que no me puedo volver hacia atrás, que si reculo pues mira, otro ridículo más, Pepinho dónde estás, no te escondas, que no veas la que hemos liado, que Griñán dice que para ti y para tu tía, y Chaves aún anda descojonándose, que lo de la duplicidad no basta, que como le demos más competencias a las CC AA, son capaces de disolverse, madre mía, Pepinho, que lío, invéntate otra cosa, que ésta no se la cree nadie, que hasta los de CIU se están partiendo el pecho…
En resumen, una nueva muestra de capacidad e iniciativa. Esto ya cansa, y mucho. No es una sospecha, no, estoy seguro de que en el PSOE hay más de uno que piensa que somos todos gilipollas. Más de uno y más de dos.

Dos propuestas de Izquierda Socialista.

Izquierda Socialista, corriente crítica interna del PSOE, ha enviado, entre otras, dos propuestas para el programa electoral de Rubalcaba en las que vale la pena detenerse un poco: enseñanza laica y fulminar las Diputaciones.
Una por una. La corriente liderada por el diputado Juan Antonio Barrios propugna la laicidad en la enseñanza, siguiendo el camino marcado por el gobierno Zapatero con medidas como la retirada de los crucifijos en las escuelas. Es decir, para estos sabios la causa por la que el sistema educativo español no forme sino que deforme es que en algunos colegios hay imágenes religiosas.
Duele lo que les pagamos por pensar. Mira que disponen de tiempo y no son capaces de ver que en materia educativa estamos sumidos en un caos de proporciones incalculables hoy en día, pero que se manifestarán agudamente cuando los que ahora son niños lleguen a adultos. Desde los centros académicos no se sabe y/o no se puede descubrir el potencial de los estudiantes. Exceptuando los casos vocacionales, se mal orienta el futuro y no se aprovechan las cualidades individuales que todos, absolutamente todos poseen. Se les hace tropezar con asignaturas inútiles, impartidas por profesores desilusionados que ven amordazadas sus iniciativas por direcciones y legislaciones estúpidas, llegando a transformar a docentes capacitados y buenos en ausentes redactores de materias caducas. Abundan los excelentes maestros, pero también es numeroso el grupo que se limita a ver pasar alumnos por sus manos sin involucrarse en su formación, comunicando la materia con literalidad, haciéndola aburrida e insoportable. Los que realmente valen la pena se endurecen ante las actitudes del alumno, compañeros y directores, y, salvo honradas y gratas excepciones, sucumben a la desidia.
A esto hay que añadir que los que consiguen finalizar sus estudios de bachillerato parten de salida hacia la Universidad con una acumulación de conocimientos sin sentido ni posible aplicación que sólo les habilita para participar en concursos de cultura general o para rellenar crucigramas. No se les encamina desde el principio, y así van las cosas después. Vegetan en carreras que no les llenan, y cuando finalizan salen, sin motivación ni espíritu, a un mercado laboral inexistente que no ofrece oportunidades. Y estos son los afortunados, pues en la mayoría de los casos tienen más suerte que aquellos que dan con sus huesos en la malformación profesional y los módulos que está direccionada a preparar mileuristas condenados a galeras de por vida, o que aquéllos que abandonan los estudios prematuramente y se sumergen en el mundo adulto siendo todavía niños, recibiendo su preparación muchas veces a base de golpes y abusos.
Y de todo esto la culpa la tienen los crucifijos.
Y en cuanto suprimir las diputaciones, esta banda ha encontrado la piedra filosofal. Su idea es la de eliminar el modelo de diputaciones provinciales mediante su inserción en la estructura administrativa de las comunidades autónomas, salvo cuando haya razones jurídicas que lo impidan. Del café para todos, la tumba real de la economía de España, no dicen nada. Pero de las diputaciones, posiblemente las únicas administraciones que controlan mínimamente el gasto y cumplen con los pagos, todo para nombrar. Esto es como la privatización de los aeropuertos. Me deshago de los que funcionan y me quedo para gestionar los que son un lastre. De listos, de muy listos.
Aquí, el problema es que ninguno se atreve a decir que el estado autonómico es una carga insostenible y sin sentido, una estúpida demostración de la inutilidad política. ¿Por qué no suprimir las “Autonosuyas” y que sean éstas las que se inserten en la administración general y en las diputaciones? Mucho sueldo y mucho mangoneo hay por el medio, mucha manipulación de fondos como para renunciar a un pastel tan jugoso. Repito, lo fácil es cepillarse lo que funcionó y funciona, mientras se consienten los déficits brutales de las distintas Españas que chupan y secan la teta de los españoles. Por no hablar del Parlamento Europeo, donde la gran mayoría de los diputados están afiliados a los novillos y pellas en clase Business, aparte el pastón que cobran. Un lujo del que disfrutan unos cuantos a costa de muchos.
Izquierda Socialista hace demagogia barata y populista, en busca y captura de lo único que les interesa a estos falsos socialistas, votos que les proporcionen casa y cuartel. La misma basura de siempre