Qué viene, qué viene. El Ministerio de
Hacienda ha emitido un comunicado en el que quiere dejar claro que el
anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la
Administración Local no incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios
de las corporaciones locales. Como diría aquél, la cagamos, Barrimore.
En esta vorágine lingüística de bautizar los
atropellos y la extirpación traumática de derechos con palabras y términos de
complicada interpretación (práctica habitual de un Gobierno que miente cada vez
que habla), Cristóbal Montoro nos ofrece una nueva versión escrita del cómo
decir que te voy a crujir, pardal, sin que lo parezca ni de lejos. Qué no te
enteras, funcionario de mierda, que no te vamos a tocar el salario, no. Tan sólo
fijaremos unos “topes salariales” para cada grupo de pertenencia, de forma y
manera que, aunque tu sueldo base y el del 70 % por ciento de los empleados
públicos del país está por debajo del salario mínimo interprofesional, el resto
que cobras hasta los mil euros que levantas todos los meses, pues como que no,
que es una indecencia, que hay que ahorrarse esos cuartos. Mi tesoro. Para
echarse a temblar.
Pero ahí no acaba la cosa. El ministro
esgrime que, para que España vuelva a ser Jauja y no el suburbio alemán que
realmente es, hay que introducir la cultura de la evaluación de los servicios a
través de la inclusión del concepto de “coste estándar”. Si el servicio público
que se ofrece cuesta más de lo estimado como admisible, va a ser que te lo
retiro para que lo haga otro. Y si encima resulta que ya existe ese otro que lo
está haciendo, como no quiero duplicidades, me lo cepillo de igual manera.
Bien, creo que en este punto estamos todos de acuerdo, es una medida como poco
lógica. Pero aquí es donde a mí me asalta una pequeña duda. A saber.
Por ejemplo, si en un departamento de una
Diputación hay funcionarios que ocupan un puesto de trabajo tras aprobar una
oposición realizada en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y que lo
desempeñan con profesionalidad e imparcialidad, qué carajo pintan un diputado y
un asesor al frente de dicho departamento. Entonces, en estricta aplicación de
las tesis de Montoro y visto lo que diputado y asesor ganan al mes, aquí el
coste del servicio se sale de madre y padre y la duplicidad es más que
evidente. En consecuencia, con la nueva política de costes estándar más un
ápice de sentido común, los primeros que sobran en el sistema son ellos, ¿no?
Pues ahora, esto que escribo de una Diputación, lo colocamos en cualquier administración
local, autonómica o del Estado y, vaya por Dios, nos encontramos con el
verdadero agujero negro (y todo esto sin nombrar al Senado). Duérmete niño,
duérmete ya, o el coco Montoro te comerá.
Y
ésta es mi duda de antes y aprovecho la tribuna para darle el oportuno
traslado. Amigo Cristóbal. Dime, hombre de dios, ¿prescindirás de éstos que te
nombro o, como es de suponer, le bajarás el sueldo a los empleados públicos
para que a los de la cuerda política no les falte teta de la que agarrarse y chupar?
Porque me da a mí que, por no variar la costumbre, pagarán vuestros platos
rotos los que no tienen parte ni culpa en el destrozo mientras vosotros, únicos
causantes de la ruina, seguiréis perpetuando el abuso. Ya os vale.