No dudo de que ha sido una estrategia diseñada por Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Por un lado la Abogacía y la Fiscalía impugnan las listas de Bildu ante el Supremo, escenificando una postura que respeta el acuerdo con el PP en materia de terrorismo, aunque supone una amenaza de ruptura con el PNV. Pero está todo previsto.
No dudo de que ha sido una estrategia diseñada por Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Por un lado la Abogacía y la Fiscalía impugnan las listas de Bildu ante el Supremo, escenificando una postura que respeta el acuerdo con el PP en materia de terrorismo, aunque supone una amenaza de ruptura con el PNV. Pero está todo previsto.
Los tribunales ilegalizan la marca de la izquierda radical y el PSOE se cubre las espaldas en su compromiso con la formación conservadora. Después, sabedores de que Bildu va a recurrir ante el Constitucional la decisión del Supremo, es ahí donde, gracias al control que tienen, pueden deshacer el entuerto creado con los socios de legislatura. ¿Cómo? Muestran públicamente su compromiso de respetar las decisiones judiciales, la del Supremo y la del Constitucional, reclamando serenidad para que los tribunales decidan sin presiones. Mientras, Zapatero le hace un guiño a Urkullu, con aquello de que “dé un margen de confianza a la decisión del TC”, pues sabe cuál va a ser el resultado. Con todo atado y bien atado, el visto bueno a las listas de Bildu se produce y permite al gobierno socialista recuperar el apoyo necesario para terminar la legislatura, a la vez que se la mete doblada al partido popular.
Dos poderes y medio, una justicia politizada, cuya independencia respecto a los que gobiernan es nula, la misma que tiene un recién nacido con su madre. Pero esta justicia es la que hay y así la tenemos que aceptar, aunque nos pese y no podamos algunos comprender cómo se autoriza que los que atentan contra la vida, la libertad y la democracia participen en el juego que precisamente quieren destruir. No debemos olvidar que, al margen de concepciones morales, tan criminal es el que ejecuta un delito como aquél que lo defiende, justifica y protege
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