Tal y cómo está el mercado político, la desconfianza y la duda se han convertido en los productos estrella. Toda maniobra, toda negociación política desprende desde su inicio un aroma fétido, en ocasiones obsceno, que invita a la sospecha. Resulta inevitable recelar de acuerdos y desacuerdos entre formaciones políticas en temas de financiación propia.
Visto lo visto, y lo que queda por ver, y oído lo oído, y lo que aún vamos a escuchar, sería de rigor que los partidos asumieran como premisa fundamental la transparencia, la claridad absoluta en lo concerniente a los dineros que reciben de fuentes privadas. Otro comportamiento que manifestase cierta opacidad, que cubriese este asunto con un velo, por muy tenue que fuera, llevaría cosido con hilo de acero la pestilente etiqueta del engaño y la manipulación.
No se pueden tolerar excusas al respecto; no vale decir que ahora no es el momento oportuno o que la coyuntura no es la adecuada. Y, por supuesto, tampoco argumentar que no es necesaria luz en este túnel de oscuros favores y compromisos. Cualquier cosa que no se encuentre dentro de un marco legal coherente, acompañado de una clara información pública, invita a la ciudadanía, ya mosqueada, a presagiar nuevos, sucios y repulsivos sucesos como los que salpican a la casi totalidad de la clase política.
De igual forma que nos exigimos y se nos exige tener nuestras cuentas claras, poseemos el derecho de demandar que los partidos, formaciones y sus fundaciones satélites dejen de actuar como trileros, escondiendo la bolita, y muestren sin máscaras ni filtros quiénes y cómo les proporcionan los euros. Y, ya de paso, a cambio de qué…
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