Proteger a un asesino.

Hosni Benslimane. Produce algo de temor escribir sobre el personaje en cuestión, visto lo que ha sido capaz, supuestamente (¡ejem!), de realizar en el oscuro ejercicio de su labor a las órdenes de Hasan II y de su hijo Mohamed VI. Todo apunta a que nos encontramos delante de un ejecutor, de un asesino institucionalizado, de un sanguinario y cruel criminal siempre fiel a los dictámenes de la monarquía alauí. Benslimane está imputado por la Audiencia Nacional por genocidio en los acontecimientos del Sahara de 1976 y Francia le reclama, le coloca en busca y captura en el espacio Schengen a raíz de su participación en el secuestro, torturas y asesinato de Ben Barka, cuyo cuerpo jamás ha sido encontrado; para atraparle, para que pague por sus delitos, existe una euroorden solicitando su detención y puesta a disposición de la justicia.

Que se sepa, España pertenece al espacio Schengen. Y, que se sepa, el general Benslimane se paseó impune por el territorio nacional el otro día sin que nadie le pusiera la mano encima. El ministerio de Interior permitió su entrada en el país (primera ilegalidad). Rubalcaba y aquéllos que le secundaron le ocultaron a la justicia francesa dentro de las dependencias de Interior (segunda ilegalidad). Y se le consintió salir de España, argumentando que “no está en los ordenadores” (tercera ilegalidad). Que cada uno interprete los hechos como le apetezca. Lo único cierto e irrefutable es que, dentro de la línea oficial de nuestro gobierno de apoyo incondicional a Marruecos, un supuesto genocida, un torturador, ha lucido su miserable existencia con la complicidad de los que, según manda la ley, tendrían que haberle detenido para que rindiese cuentas. Una traición más del gobierno Zapatero, de su delfín Rubalcaba y de todos los que callan ante la represión marroquí. Imperdonable.