Una periodista en peligro.

Éste es el concepto de libertad que gasta Mohamed VI, de transparencia en la información. Ana Romero, periodista de El Mundo en el Aaiún, destacada allí en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos, se encuentra bajo la protección de Mariano Collado, el depositario de los Bienes Culturales españoles en la capital del antiguo protectorado español. Ha tenido que acudir a cobijarse a la residencia de éste ante las advertencias del único representante del Gobierno español en la zona de que si sale a la calle para cumplir con su trabajo, que no es otro que el de informar con libertad, no podrá garantizar su integridad. La periodista teme por su seguridad, relata que la siguen a todos los lados y que le están presionando para que abandone y se marche. En una conversación telefónica con la cadena COPE ha manifestado: “Vine invitada por el Gobierno español y el de Marruecos y ahora se me está intentando echar con unas prácticas estalinistas. Marruecos quiere echarme de aquí, pero no quiere firmar una orden de expulsión".

El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, ha declarado en el programa “Así son las mañanas” de Ernesto Sáenz de Buruaga que apela “ al Gobierno español, a Rubalcaba, que se implicó personalmente en el acuerdo y a Trinidad Jiménez, a quien corresponde velar por la seguridad de los españoles en el extranjero, para que ejerzan su influencia y protejan la labor profesional de Ana Romero en El Aaiún, que todavía no ha concluido". A continuación ha expresado su preocupación al decir que "Ana corre un serio peligro en El Aaiún, un serio peligro físico. Mariano le ha asegurado que si ella abandona la residencia para ejercer el periodismo no podrá volver a ser admitida y protegida".

Todo esto viene a cuento de que Ana Romero está recabando con imparcialidad y objetividad datos sobre torturas y desapariciones de saharauis en la Cárcel Negra de la capital del Sahara Occidental. Hasta ciento treinta se encuentran allí recluidos, sometidos a todo tipo de vejaciones y maltratos físicos. Y esto no parece noticia del agrado de la dictadura marroquí. Como tampoco debió serlo el testimonio recogido el pasado sábado por la periodista de El Mundo en el que una mujer saharaui denunciaba haber sido violada por tres agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos el día después de que arrasaran el campamento de Gdeim Izik. Marruecos sólo quiere que se conozca su verdad, esa fábula manipulada en la que el invasor se convierte en víctima y el represaliado en verdugo. El gobierno español tiene la obligación de intervenir ya, con la dureza que requiere el asunto, y evitar que con Ana Romero se cometa vejación alguna. Otra forma de actuar además de irresponsable y cobarde sería participar como cómplice de lo que pudiese ocurrir. A ver si de una vez por todas hacen lo que tienen que hacer, que ya va tocando.