lunes, 22 de agosto de 2011

Menos mal que alguno piensa antes de hablar.

No es lo mismo, no. Mientras Rubalcaba y su equipo de pregoneros vocea la eliminación de las diputaciones, ahora que el PSOE sólo controla una quinta parte de ellas (que todo hay que decirlo), Alberto Ruiz-Gallardón se declara partidario de reformarlas para que sean sólo estructuras administrativas de gestión sin componentes políticos y bajo la supervisión de los ayuntamientos. En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Madrid ha manifestado que no se trata de suprimir las instituciones provinciales, pero sí su componente político, conformándolas como estructuras administrativas de gestión que no generen una duplicidad de cargos públicos. Pensando en voz alta, ha explicado que la desaparición de las diputaciones no perjudicaría a las grandes ciudades pero sí a los pequeños municipios de España, que no tienen capacidad para gestionar muchos de los servicios públicos municipales.
Insisto, no es lo mismo. Una cosa es promover su destrucción y otra bien distinta abogar porque las diputaciones desarrollen sin mangoneos las funciones administrativas y de gestión que justifican sobradamente su existencia. Son 15 millones de personas, que no es coña, las que dependen y mucho de las mismas.
¿Qué son caras? Y tanto. Los políticos y todo lo que llevan adherido a la chepa son los que hacen que las diputaciones conlleven un coste tan elevado. Entonces, la solución es fácil. Borras de su presupuesto los euros que levantan los cargos públicos y sus asesores (el lastre inútil, ignominioso y ultrajante impuesto por la casta política), y dejas que los funcionarios trabajen con libertad y sin presiones en aquello para lo que están cualificados. Convendría tener presente que mientras unos salen de las urnas e invaden el poder durante cuatro años, salvo patada en el trasero y/o rendición, los empleados públicos han tenido que estudiar y ganar una oposición, cosa que cualquiera podrá entender que labor sencilla no es. Muchos son los que, título universitario bajo el brazo, no superan ni el primer examen. Esto es así.
Por tanto, y dentro de la dinámica política de cargarse las diputaciones, una voz coherente ha hablado con mucha claridad. No sobra la institución, sobra el inquilino que la usurpa. Lo que le ha faltado decir al señor Gallardón (¿un olvido lo tiene cualquiera?) es que lo mismo es aplicable y debe ser aplicado al Senado, algunos ministerios de muy dudosa utilidad, a las Comunidades Autónomas (ríanse del Big Bang) y la inmensa mayoría, sino todos, los ayuntamientos.
Así que, si me lo permiten, y si no también, qué no es necesaria el beneplácito para expresarse con libertad, una pregunta a los señores Rubalcaba, Blanco, Jaúregui y la Santa Compaña socialista; ¿por qué no piensan un poco antes de lanzarse en picado? Será que de donde no hay, no se puede sacar. Será.

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