No sobra la institución, sobra el político.

José Blanco, en una entrevista a RNE, se ha mostrado de acuerdo con su” buana” Rubalcaba, y se ha subido al carro de la desaparición de las diputaciones provinciales. Para el sabio Pepinho eliminar las mismas supondría suprimir miles de asesores, de cargos públicos, cientos de coches oficiales, además de ahorrar y tener más recursos para ser destinados a mejorar los servicios. Vamos, desabastecer a 15 millones de personas para seguir malgastando los dineros.
Este hombre no se entera, debe ser sueco. Cargos públicos no se ahorra ni uno, pues los diputados provinciales son concejales y alcaldes, ya con su sueldo y demás zarandajas. Ahora bien, mira qué fácil; se les prohíbe cobrar de los dos lados y arreglado, que elijan uno, que ya les vale. En cuanto a los asesores, el cáncer económico del país, y los coches oficiales, pues ni más ni menos que los que tienen en los ministerios, las autonomías (aquí está el problema, aquí), y muchos, sino todos los ayuntamientos. Este despilfarro existe porque políticos avispados se inventaron una manera legal de devolver favores y colocar a los colegas, ni más ni menos.
El problema de las administraciones públicas no está en las instituciones en sí, sino en aquéllos que las invaden durante cuatro años, que creen que todo el campo es suyo, y que en él y con él hacen lo que les da la gana. El legislador permite y promueve la existencia de tantos cargos inútiles y les otorga poder y prebendas. De igual forma, también podemos añadir al mérito del legislador la figura del asesor, un personaje, hijo del nepotismo, contratado para realizar una función para la que ya hay en las instituciones funcionarios sobradamente cualificados.
¿Quién es el responsable, entonces? Aquél que legisla en beneficio propio, aquél que recompensa con lo ajeno favores y amistades, aquél que abusa de la posición entregada por el pueblo soberanos en las urnas, aquél que una vez alcanzado su espurio objetivo, traiciona y olvida, aquél que se enquista en la comodidad y abundancia del poder. No se trata, pues, de suprimir instituciones, sino de que el que las controle lo haga con dignidad y honradez. ¿Cómo? Limpiándolas de parásitos, eliminando gastos y cargos innecesarios y fulminando tanto, tantísimo vividor que pulula alrededor del político de turno. No sobran los trabajadores, sobran los inquilinos, los malos gestores, los torpes gobernantes y los corruptos y espabilados que nacen, se reproducen y no hay forma de quitarse de encima.
El español vota y elige a sus representantes con libertad. Todo lo demás, sueldo desorbitados, jubilaciones ultrajantes, coches oficiales, fiestas, visas y viajes, se lo ponen los políticos porque sí, porque les apetece. Y, que yo sepa, lo de colocar a los colegas como asesores no lo decidimos nosotros tampoco, es cosa también del negocio que se han montado.
José Blanco dice que hay un nivel de la administración que se puede suprimir, y yo le contesto que sí, que se trata del Senado. Y, ya puestos, si quiere seguir con la limpia, continúe con determinados ministerios, y siga con una reestructuración profunda de las comunidades autónomas. Todo ello previo exterminio de sus amigos asesores. Ergo, límpiense primero las manos y la cara, dignifiquen un poco la Política y pónganse a trabajar, que para eso cobran, legislen con sentido común y dejen que los empleados de las administraciones públicas desempeñen como saben su labor. Insisto, el problema no es la institución, es el okupa temporal, es el miembro de la casta política. El que más habla es el que tiene que callar.